Un análisis institucional de la relación entre los servicios sociales de atención primaria y las escuelas infantiles

Resumen

Introducción. Las escuelas infantiles para niñas y niños de 0 a 3 años han incorporado manifiestamente algunos de los objetivos que definen los servicios sociales, como son la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Sin embargo, la realidad es que las familias empobrecidas muestran tasas de acceso especialmente bajas. Este artículo propone una perspectiva institucionalista para analizar las condiciones que pueden limitar que los servicios sociales de atención primaria faciliten que los hogares empobrecidos se incorporen a las escuelas infantiles. Metodología. Se trata de un análisis de los servicios sociales de atención primaria que se basa en entrevistas semiestructuradas (17) y grupos de discusión (8) con trabajadoras sociales. Resultados. Las explicaciones de las trabajadoras sociales muestran que, ante la falta de plazas escolares disponibles y la escasez de recursos propios de los servicios sociales, las escuelas infantiles no se conciben como un “derecho” (lógica institucional universalista) de las familias usuarias. En contraposición al consenso académico, desde los servicios sociales no se conocen o no se consideran suficientemente los beneficios emocionales, cognitivos y relacionales de la entrada en el sistema educativo a una edad temprana. En general, se estima natural que los niños pequeños sean cuidados por los progenitores (y por la familia extensa). De hecho, se tiende a considerar que el hecho de cuidar a tiempo completo de un niño o de una niña promueve unos adultos más “responsables” también en otras áreas de sus vidas. Dentro de este marco institucional donde domina la lógica familista, las profesionales pueden movilizar diversas racionalidades para priorizar las (pocas) usuarias a quienes se les facilita el acceso a estas escuelas. Primero, las escuelas infantiles pueden sustituir parcialmente el espacio familiar en situaciones consideradas de “riesgo infantil” (falta de alimentación adecuada o sospecha de prácticas parentales negligentes). En este caso, las prácticas de los servicios sociales respecto a las escuelas infantiles reproducirían el carácter residual y subsidiario de la familia que históricamente ha configurado las políticas contra la pobreza en el sur de Europa. En segundo lugar, se puede favorecer el acceso a las escuelas infantiles cuando se conciben como un “recurso” necesario para liberar a la usuaria de cargas familiares con el objetivo de poder realizar las acciones del plan de intervención social (formación en habilidades básicas, cursos de idiomas, participación en actividades relacionales, etc.) (lógica institucional profesionalista). En tercer lugar, las escuelas infantiles pueden representar un servicio imprescindible de conciliación cuando se presenta la oportunidad de un acceso inmediato al mercado laboral y la persona no dispone otros apoyos informales para para cuidar a sus hijos (lógica institucional de activación). Discusión y conclusiones. El análisis institucionalista identifica algunas de las influencias sobre el funcionamiento de unas organizaciones de bienestar social ubicadas en contextos más amplios de desigualdad. En este sentido, este artículo expone algunos aspectos de las prácticas reales de los servicios sociales, más allá de las voluntades normativas o de las prescripciones metodológicas. Dicho conocimiento puede facilitar el diseño y la implementación de políticas de servicios sociales más eficaces.